Un fallo divulgado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia obligó al cierre en la capital gallega de uno de estos alojamientos por carecer de permiso municipal, lo que ha abierto la veda para que pueda exigir tal habilitación el ayuntamiento gobernado por Xosé Sánchez Bugallo, que rechaza que el casco antiguo, patrimonio de la humanidad desde 1985 y donde prolifera esta oferta, termine por convertirse exclusivamente en un negocio.
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