El Gobierno acaba de modificar la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para que cualquier empresa naviera de nuestro país pueda contratar servicios de seguridad privada a bordo sin tener que pedir una autorización individual y previa para ello, como sucedía hasta ahora. Este personal podrá llevar aquellas armas necesarias para disuadir o repeler los abordajes.
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