La menor no había cumplido aún los tres años de edad cuando la pequeña se encontraba con él dentro del régimen de visitas. Para la acusación estatal, los hechos son constitutivos de un delito de abusos sexuales, con la agravante de parentesco, y reclama una condena de seis años de prisión y cinco de libertad vigilada, así como una orden de alejamiento de quinientos metros por tiempo de diez años.
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