El Govern balear, a través de la Conselleria de Movilidad y Vivienda, ha impuesto un total de 86 sanciones por infracciones en materia de vivienda por un valor de 1,7 millones de euros en 2019. La mayoría de casos son por no vivir habitualmente en una Vivienda de Protección Oficial (VPO) que una persona tiene en propiedad y por no inscribir en el registro las viviendas vacías de los grandes tenedores. Llama la atención algún caso como el de una VPO cuyo propietario alquilaba por 3.000 euros mensuales.
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