20 mil personas entre pescadores artesanales, agricultores, mayordomos, jornaleros o habitantes de caseríos coloniales fueron desplazados de su territorio por la construcción de una central hidroeléctrica gestionada por Enel. Quince años más tarde, ni fueron reasentados cerca de sus lugares de origen, como se había estipulado, ni se construyeron todas las viviendas pactadas, ni se les han facilitado las condiciones para retomar sus actividades básicas de subsistencia.
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