A pesar de que podían concurrir empresas de ámbito regional y nacional -y existen más de 1.500 agencias de comunicación en España- la única que ha visto viable concurrir es la agencia de cabecera del Gobierno regional, que en los últimos años ha mantenido en plantilla a periodistas sin contrato y ha pagado en negro parte del salario a trabajadores en nómina.
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