Le Pen debería haber devuelto el 31 de enero, antes de la medianoche el dinero exigido por la OLAF. Será penalizada si no lo hace. Se trata de un guardaespaldas y una ayudante parlamentaria contratados como asesores. Los cargos que ocupaban Légier y Griset eran incompatibles entre sí e incumplían la normativa para la contratación de asesores.
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