La patronal de la construcción es una de las dos organizaciones empresariales que participan en la entidad pública que debe pronunciarse sobre las prohibiciones de contratar con la Administración que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para empresas sancionadas por formar cárteles como ACS, Sacyr, OHL, Elecnor o Comsa.
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