Las distribuidoras no pueden cortar la luz directamente a un ayuntamiento aunque éste decida no pagar. Lo que sí pueden hacer es llevar el caso a los tribunales para que la Justicia obligue al ayuntamiento a abonar lo que debe. El alcalde, además, podría incurrir en un delito de prevaricación en función del procedimiento utilizado para proceder al impago de la factura.
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