Se había pedido la paralización de controles de población en el Consejo de la Red de Parques Nacionales para analizar el impacto del furtivismo. Fuentes del consejo dicen que las administraciones entienden que la medida aumentaría el conflicto social con ganaderos que ha provocado las cacerías ilegales. En menos de un año, seis ejemplares han sido abatido.
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