Dos de las últimas mujeres asesinadas por violencia de género en España, habían denunciado a sus parejas y obtenido sendas órdenes de alejamiento. Pero a pesar de que sus parejas tenían prohibido por mandato judicial acercarse a ellas, acabaron asesinadas. "Cuando estas órdenes no van acompañadas de ninguna otra medida de seguridad excepcional, como la imposición de pulseras de localización o incluso la prisión preventiva, no cuentan con más recursos para su cumplimiento que la de la propia voluntad del agresor".
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