El acuerdo entre el anterior Ejecutivo y los representantes sindicales para acabar con la temporalidad en la Administración Pública generará nuevos puestos de funcionarios, pero también dejará en la calle a miles de interinos tras décadas en su puesto. La situación supondrá un elevado coste para el Estado por las indemnizaciones y una gran cantidad de denuncias en los tribunales
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