La crítica más demoledora a la Operación Chamartín está aún por hacer: lo que quiso justificarse en origen (1993) por la necesidad ‘estratégica’ de financiación de una obra pública (Argentaria, un Banco público financiando a Renfe, una empresa también pública), bajo la fórmula de la concesión, ha acabado siendo una estratagema financiera por la cual esa misma empresa pública (Renfe-Adif) financia a una empresa privada (¡a un Banco!) para que comercialice productos (sobre todo financieros), mediante venta de terrenos públicos con pago aplazado (
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