La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se encuentra bajo la lupa financiera del Gobierno de España. Según una información publicada por El País, la entidad con 192.000 abonados está siendo investigada, desde hace nueve meses, por el Ministerio de Consumo. En concreto, el departamento analiza los 47 convenios que, desde 2018, ha firmado la OCU con diversas compañías con el propósito de verificar si las comisiones que cobra por cada cliente suministrado son legales y si llegan a comprometer su independencia.
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