Fumigar plaguicidas desde medios aéreos como avionetas o helicópteros está explícitamente prohibido por la ley europea y española. A pesar de esta prohibición, en España se han fumigado durante los últimos cinco años con plaguicidas, en ocasiones no autorizados, 234.000 hectáreas de arrozales. La normativa prohíbe la pulverización aérea como norma general. Solo permite excepciones si los métodos aéreos tienen claras ventajas para la salud humana y el medio ambiente o si no hay ninguna otra alternativa viable.
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