El comunicado de la relatora señala su preocupación por la “interpretación discriminatoria de la legislación nacional por parte de los operadores de justicia, pero también por parte de trabajadores sociales basadas en prejuicios y estereotipos de género”. De este modo, señala la ausencia de una perspectiva de género en la posible atribución de un valor inferior a los testimonios de mujeres como partes o testigos. Además, preocupa “la adopción por parte de los jueces de normas rígidas sobre lo que consideran una reacción adecuada para la mujer".
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