La proposición de ley, que ha sido respaldada por todos los grupos del Congreso, insta a que la muerte de varios ciclistas o peatones pase de estar penada con hasta cuatro años de prisión a nueve y que se introduzca el delito de abandono del lugar del accidente cuando existan víctimas graves o fallecidos. Persigue mejorar la definición de las imprudencias graves y muy graves y aumentar su castigo, de forma que, por ejemplo, se considerará siempre imprudencia grave la que se cometa por exceso de velocidad o consumo de alcohol o drogas.
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