Amnistía Internacional denuncia a principios de este 2023 que en España ha habido 35.000 de casos usuarios de residencias que murieron sin recibir la asistencia médica necesaria. Por ahora, la plataforma no ha recibido "ninguna respuesta" por parte de la Fiscalía. En su denuncia, la ONG carga contra "los gobiernos centrales y autonómicos, al Congreso de los Diputados, a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo y al Consejo General del Poder Judicial".
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