El recurso presentado por las organizaciones integradas en el MIA ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sostiene que la autorización del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) es ilegal porque no se consultó al Gobierno portugués, tal y como es preceptivo según varios tratados internaciones y directivas europeas, a pesar de que éste mostró su interés al menos en dos ocasiones.
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