Nos han encausado por un delito de desórdenes públicos, lesiones y daños y piden a Greenpeace como responsable civil subsidiario 360.000 euros. Y a las 17 personas encausadas (16 activistas y un fotógrafo independiente), penas de dos años y ocho meses de cárcel para cada uno de nosotros. Es la causa más grande a la que ha tenido que enfrentarse Greenpeace en sus 30 años de historia. Lo que nos llevó a esta protesta fue que el gobierno quería ampliar la vida útil de la central de Cofrentes
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