El Ayuntamiento adjudicó al despacho de José Antonio Choclán, letrado de Onalia Bueno en el caso de la compra de votos, un contrato menor de 15.000 euros para tratar de evitar que la administración tenga que asumir la responsabilidad subsidiaria de indemnizar a la víctima. Un fallo en el que la administración figura como responsable civil subsidiaria para el pago, en caso de que los autores de los delitos no puedan asumirlo, de una indemnización de cerca de 44.000 euros.
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