Alrededor de uno de cada dos países de la OCDE -entre ellos, España- implementaron en 2022 algún tipo de gravamen extraordinario sobre los llamados "beneficios caídos del cielo" obtenidos sobre todo de petroleras y energéticas, con el fin de obtener ingresos para "limitar las desigualdades y fortalecer la cohesión social" en un momento en el que las dificultades para salir adelante tras la pandemia se toparon con el estallido de la guerra en Ucrania.
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