Con la reforma de la Ley General de de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), el Ministerio de Consumo tendrá competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países, a la unidad de mercado o cuando el infractor no esté localizado en España, como las estafas que se dan en el comercio electrónico. Las nuevas sanciones máximas que podrá imponer el Estado serán de hasta un millón de euros.
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