Al calor de la crisis económica y con el respaldo de las administraciones públicas –que valoran la inversión económica que suponen estas nuevas explotaciones y su incidencia en la creación de empleo- se ha producido un boom minero que está siendo amparado por una ley preconsticional, la Ley de Minas del 73, una norma que según Ecologistas “da todo tipo de facilidades a las empresas mineras, al margen de consideraciones medioambientales, sociales, e incluso por encima del derecho de propiedad”.
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