La Intervención detecta que el centró abonó entre 2009 y 2015 menús de los pacientes sin adjudicación que lo respaldase. El hospital aduce que no hubo irregularidad y que resultó más barato. El contrato adjudicado en 2007 solo tenía la vigencia de un año, prorrogable otro más, es decir, hasta 2009. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas prohíbe taxativamente "una duración mayor a la derivada de la posible prórroga", por lo que desde noviembre de 2009 las prórrogas concedidas por el hospital no tienen base jurídica.
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