Más de la mitad de los contratos públicos en España (52,9%) no justifican el presupuesto de licitación, es decir, el precio de salida que la Administración pone a las obras o servicios que quiere contratar. Esto provoca “desviaciones desproporcionadas” entre ese presupuesto inicial y el importe finalmente adjudicado, alerta el primer informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), creada a instancias de Bruselas. También denuncia la existencia de irregularidades en el 47% de la contratación menor.
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