Reconocen que valoran la "posible relevancia política, teniendo en cuenta número de personas o colectivos afectados por la acción jurídica, o que se refiera a temas de actualidad social". También priorizan aquellos temas que integran su "programa electoral" y estiman la "viabilidad jurídica", así como el "posible coste económico", destacando en este caso las exigencia de fianzas judiciales en las acciones penales.
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