Por ningún motivo se debe administrar una vacuna por la fuerza, señala la máxima funcionaria de derechos humanos sobre la decisión de algunos Estados de hacer obligatoria la inmunización contra el COVID-19. “Los derechos humanos no prohíben los mandatos de vacunas, pero imponen límites sustanciales sobre cuándo y cómo se aplican”, acota.
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