Moncloa considera que el gobierno de Ayuso recorta el derecho a la eutanasia de las personas con discapacidad tuteladas por la Comunidad de Madrid. En la nueva normativa que aprobó en febrero, el ejecutivo autonómico obliga a estas personas a tener una autorización judicial para recibir la ayuda a morir aunque hayan suscrito con anterioridad el testamento vital, el documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas.
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