Sus esperanzas pasan porque la Justicia declare una cesión ilegal de trabajadores y les califique otra vez como trabajadores del grupo francés Faurecia. Los trabajadores opinan que las administraciones deberían presionar a Faurecia para que recompre la factoría. Para ello han mantenido reuniones con la Consellería de Industria y el Ministerio de Trabajo, dos de las administraciones que en su día subvencionaron generosamente a Faurecia.
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