La reacción del instructor del Supremo es consecuencia de la decisión tomada el jueves por el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, que ha descartado la entrega a España de Puigdemont por el delito de rebelión, lo que limitaría su persecución al delito de malversación de fondos públicos (en el supuesto de que esta acusación fuera finalmente aceptada).
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