De acuerdo al informe, lo que se ha difundido como “la nacionalización del litio” en México, son “modificaciones minúsculas a la ley” que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. “Muy por el contrario, busca legitimar y posibilitar la apertura a un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras”.
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