La Iglesia católica se enfrenta a una cascada de demandas por la lista de bienes inmatriculados que el Gobierno socialista se ha comprometido a hacer pública. Las instituciones, especialmente los Ayuntamientos pero también algunos Gobiernos autonómicos, esperan a conocer las propiedades que las distintas diócesis de España han registrado a su nombre en los últimos 15 años. La sospecha es que son decenas de miles. Y que no se trata únicamente de lugares de culto.
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