La Ley de Vivienda deja prácticamente sin efecto una de sus medidas estrella: el tope de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. La norma no recoge por ningún lado de su articulado un régimen sancionador para disuadir a los propietarios (ya sean particulares o empresas) de incumplir con los límites del alquiler que ha marcado el Ministerio de Vivienda a través de su índice de precios.
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