Fue un pleno tenso. El pasado 8 de julio, el Congreso de los Diputados aprobaba, gracias a los votos del Partido Popular y con el apoyo de UPyD y UPN, la reforma de la Ley de Montes. Un texto que, a la postre, introducía una novedad importante: la posibilidad de recalificar zonas forestales quemadas siempre y cuando las comunidades autónomas consideren que existen “razones de interés públicoLos ecologistas denuncian los recortes y la falta de prevención, pero son prudentes a la hora de relacionar la nueva ley con la reciente oleada de incendios
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