La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2010 que el agua potable y el saneamiento son derechos humanos esenciales para el pleno disfrute de la vida y de los demás derechos humanos. Al formar parte del derecho internacional es legalmente vinculante para nuestro país como Estado firmante. Blindar el derecho humano al agua y evitar la fractura social con los sectores más vulnerables exige saltar de las medidas paliativas a los derechos garantizados. El reto es legislar para asegurarlos.
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