Añaden nuevos argumentos y durísimas críticas a la actuación del Alto Tribunal, por no haber ponderado los efectos de la cautelar, que atropella más derechos de los que pretende proteger. “La suspensión ha ocasionado la mayor de las perturbaciones posibles que se puedan imaginar no solo a un interés constitucionalmente protegido, sino todavía más grave, a una función del Estado, como es la función legislativa otorgada en exclusiva a las Cortes Generales”.
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