Las compañías encargaron 14 informes a despachos de abogados y presionaron para que el Gobierno de Zapatero no sacara adelante una norma que les habría obligado a devolver 3.400 millones de euros cobrados de más a los consumidores por los CTC, según se desprende de las declaraciones de altos cargos de Industria ante la Fiscalía Anticorrupción. Las eléctricas ganaron de calle en contra del criterio de la Abogacía del Estado.
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