El proyecto prohibirá cualquier comunicación “orientada a formar actitudes positivas de relaciones sexuales no tradicionales” entre menores. De este modo quedan prohibidas en la práctica casi cualquier tipo de acto público que trate la homosexualidad, así como las actividades de colectivos LGBT en espacios públicos. Las penas previstas llegan hasta un año de prisión y multas de unos 85 euros, cantidad que equivale a más de la mitad del salario medio en el país.
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