Tan solo seis después de presentar la denuncia, el juzgado abre diligencias para esclarecer por qué 4.500 personas viven sin suministro eléctrico desde el pasado mes de octubre, pese al Pacto Regional de 2017 que acordaba facilitar el acceso a la electricidad en el asentamiento. La Comunidad de Madrid deberá explicar su negativa a autorizar un suministro legal a estas familias.
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