Las familias matricularon a sus hijas y en septiembre Educación les denegó el acceso a por no llegar al mínimo de escolares para mantener el centro abierto.El juez entiende que la “actuación material” de la Consellería de Educación es “incompatible con el derecho fundamental a la educación”, pues suprimió “de facto” la unidad de Educación Primaria “después de finalizado el plazo de matrícula, sin instruir previamente un procedimiento administrativo con audiencia a los afectados".
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