El sindicato denuncia que el Ministerio de Justicia sigue en su programa de quitar competencias a los registros civiles, favoreciendo a colectivos profesionales que cobran sus honorarios por sus servicios y desvirtuando el servicio público y gratuito que se presta desde estas Administraciones Públicas. “El hecho de estar en funciones no les impide avanzar en sus objetivos de desmantelar el servicio público que se ha venido prestado desde los registros civiles mediante la atribución de parte de sus competencias a operadores privados.
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