El fallo solo se aplica a demandas dentro de la UE; es decir, empresas con sede en la UE que utilizan el Tratado para demandar a los países de la UE, a menudo por medidas contra el cambio climático. En teoría, el TCE aún podría ser utilizado por un inversor fuera de la UE para demandar a un Estado miembro de la UE
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