El Tribunal Superior de Madrid ordena indemnizar con 500 euros a 119 trabajadores a los que la Administración “mortificó” al tenerles empleados sin hacer nada. El mismo tribunal advierte que los rastreadores han sufrido un trato vejatorio, “confinadas en un espacio sin medios materiales para prestar servicios, sin tareas asignadas y sin ofrecerles una explicación ni permitirles comunicarse con otros trabajadores de la Consejería”.
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