El origen de este conflicto se remonta a agosto de 2017, fecha en que el Consell decidió rescatar el túnel invocando razones de interés público. En un primer momento, la concesionaria dirigida por Javier Pérez Fortea logró frenar esta decisión por medio de unas medidas cautelares que apenas lograron retrasar, hasta diciembre de ese mismo año, lo inevitable. A pesar de ello, la compañía mantuvo el procedimiento contencioso-administrativo que, en un fallo conocido el pasado viernes, aunque está firmado el 13 de marzo, ha declarado la nulidad
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