Según ha destacado la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez,España debe dotarse de los instrumentos necesarios para proteger a los denunciantes de corrupción. Algo que, puede conseguirse actualizando la ley de 1994 que regula la protección de testigos,la cual “es insuficiente”; se espera “frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias”. Se desarrollará un estatuto jurídico del arrepentido en los delitos de corrupción pública que “permita conjugar la sanción de su conducta con la obtención de pruebas incriminatorias
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