El juez ha dictado apertura de juicio oral y da 10 días para los encausados, entre los que se encuentra el Gobierno autonómico, adelanten cantidades en concepto de multas y responsabilidad civil. Altos cargos del Gobierno autonómico obtuvieron, junto a empresarios locales, importantes beneficios económicos gracias a las mordidas de 80 millones de euros que exigieron para autorizar parques eólicos.
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