La Junta de Castilla y León protegerá a los funcionarios, en su identidad, en todo lo que pueda llevar a su identificación y en su puesto de trabajo, que denuncien casos de corrupción en la Administración autonómica y dará prioridad a la investigación del hecho comunicado. De Santiago-Juárez destacó que no existe en la legislación española algún texto de esa naturaleza y apuntó que sólo existe en la ley de Integridad Ética Política presentada por el Gobierno de Aragón, pero precisó que se recoge en un artículo y no en una norma específica.
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