La Junta de Andalucía miró para otro lado en la denuncias de Ernesto LeFranc, expropietario de la Academia Integral de Málaga, que alertó ya en 2007 de un presunto fraude en la justificación de los gastos de los cursos de formación sin que ningún responsable político del Gobierno andaluz “hiciera nada por investigarlo”, según han resaltado fuentes consultadas por El Confidencial.
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