Los últimos escritos del gabinete jurídico de la Junta siguen dando de qué hablar. Si los letrados de la administración andaluza han negado que los trabajadores de violencia de género estén obligados a colegiarse como exigía Vox y, por otro lado, el Gobierno autonómico ignora a sus abogados al anunciar un recurso al archivo del caso de los avales de IDEA,
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